Las autoridades municipales locales no quitan el dedo del renglón; será presentada la denuncia o denuncias a que haya lugar luego del resultado de la auditoria que se hizo a la administración de Israel Reyna Rosas, luego que en verdad, lo que dejaron fue un verdadero cochinero, además de denuncias que, en su oportunidad, presentaron varias ciudadanos y ciudadanas, quienes fueron despojados de sus terrenos, las denuncias al respecto se encuentran ante las autoridades competentes, aunque extrañamente no se les ha dado el seguimiento que se requiere, por ejemplo, se asegura que en la Fiscalía General del Estado, donde un notario pública que de pronto, de la noche a la mañana resultó ser todo un experto en la impartición de la justicia y personas más, le hacían el trabajo sucio, simplemente se recibían las denuncias, sin que se diera seguimiento, por ejemplo, veamos una de ellas: La señora Paula Sánchez de los Santos, presentó denuncia en contra del Ayuntamiento de Santa María del Río, que encabeza Israel Reyna Rosas, en la Agencia del Ministerio Público, en la Unidad de Atención Temprana, la cual quedó con registro único D13-2020-000642.

La denunciante presentó escrituras que le acreditan como propietaria de un predio ubicado en el Cuartel 9º de dicha cabecera, la cual está registrada en el Registrador de la Propiedad y de Comercio de Santa María del Río. Indicó que se presentó el licenciado Óscar Oustoff del Castillo con unos 10 policías y el Síndico Municipal, Antonio Peredo Salazar, con maquinaria pesada y limpiaban el predio de sus hermanos, colindantes con el suyo, arrancaron un pequeño mezquite el cual apenas crecía.

Luego se retiraron. Paula presentó la denuncia en contra del Ayuntamiento de Santa María del Río, en representación de sus hermanos; Antonio y Fidel Sánchez de los Santos, por los delitos de daños y robo. 

Pero con anterioridad, el 23 de noviembre del año antepasado, entre 10:30 y 11:00 horas, le avisaron que maquinaria pesada estaba en su terreno y fue a ver qué pasaba, pues además había llegado un camión de volteo, propiedad de Enrique N., conducido por éste. Estaban en el lugar el licenciado José Luis Licea Cayetano, entonces Síndico Municipal, el Jurídico Óscar de Jesús Oustoff del Castillo, varias patrullas de la municipal y el señor Antonio Peredo Salazar. Oustoff del Castillo ordenaba se abriera el camino, justo en medio del predio de sus hermanos, Alfonso y Fidel.

Paula exigió le mostraran algún documento que les autorizara para invadir su predio y simplemente le dijeron que ahí era calle. Luego, del predio de Alfonso, donde había material para construcción; tres viajes de piedra, un viaje de arena, un viaje de grava y un viaje de piedra laja, material que fue subido con la maquinaria pesada al camión de Enrique N., además derribaron varios postes de concreto y uno de madera, además dañaron otros cuatro postes de concreto.  

Otro de los innumerables casos de robo de terrenos fue el siguiente; Comuneros de Santa María del Río, señalaron, en su oportunidad, que Israel Reyna Rosas, invadió y empadronó terrenos comunales, otorgándolos de forma ilegal como propiedad privada a personas que no les corresponde. Antonio Rivera y José Hernández, comuneros, señalaron que el titular de la dirección de catastro municipal, Atilano Albineda Rincón, escrituró terrenos y los empadronó, a pesar de que son terrenos comunales y la ley lo prohíbe: “Hemos demostrado a través de juicios agrarios que hay resoluciones del tribunal agrario que nos favorecen y protegen estos terrenos como propiedad comunal”.

Los quejosos señalaron, en su oportunidad que hay resoluciones de juzgados federales que han sido ejecutadas e inscritas en el Registro Agrario Nacional, pero fueron ignoradas por las autoridades municipales de ese entonces. Por ejemplo, en el predio ubicado en la colonia Guadalupana, la dirección de obras públicas, a través de Albineda Rincón, ejerció hostilidad contra los comuneros al detener la construcción de sus viviendas, señaló José Hernández.

Y los mismos comuneros señalaron la aplicación de prácticas fraudulentas de varios abogados y notarios públicos, en contubernio con el municipio, quienes empadronaron y escrituraron de forma ilegal diversos terrenos para venderlos, siendo esta una práctica recurrente de las entonces autoridades municipales.

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