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El Rapacejo Por: El Primo Feliciano

Las denuncias de personas desaparecidas en este municipio se agudizó en las últimas semanas, de eso ha quedado constancia por las denuncias de pesquisa que familiares de quienes aún se encuentran en condición de desaparecidos hicieron ante las autoridades correspondientes en la capital del estado, la situación llegó a un extremo tal que debieron recurrir a las autoridades federales, en este caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Fue integrado el expediente con los nombres de los presuntos, así como pruebas testimoniales y fue la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos la que pidió a la Fiscalía General del Estado liberar las órdenes de aprehensión en contra de los señalados. El dispositivo para ejecutar tales mandamientos sorprendió a propios y extraños al ver llegar vehículos militares, con las fuerzas castrenses, así como patrulla de la Guardia Nacional, los efectivos de ambas dependencias rodearon el inmueble que alberga la Presidencia Municipal y, sin uso de la fuerza, dieron cumplimiento a dichas órdenes judiciales. Con esto apenas inicia un largo y desgastante proceso, tanto para familiares de las víctimas, como presuntos victimarios. 

Lo que es inadmisible es el hecho que sus superiores jerárquicos no se hubiesen dado cuenta del comportamiento antijurídico de quienes se supone deberían estar comprometidos para salvaguardar la seguridad de las personas, porque de hecho no es esa la primer denuncia que se presenta contra los ahora indiciados, ya en la Fiscalía General del Estado existe, al menos, otra denuncia contra elementos de ese turno, por su prepotencia, arrogancia y abuso de autoridad, donde al denunciante le tomaron fotos y video, en un criminal abuso de autoridad que, en su momento, fue denunciado de manera pública y oficial, ante las instancias correspondientes. Por eso la denuncia presentada en ese entonces no fue solo contra los agentes que cometieron el atropello, sino contra sus superiores jerárquicos, hasta el propio alcalde, Israel Reyna Rosas. Extrañamente se les dejó fuera del asunto, fuera del proceso. 

La ley es clara, señala que los superiores jerárquicos de quienes cometen el delito de desaparición forzada son igual culpables del mismo delito, en su condición de servidores públicos, precisamente, por ser servidores públicos la penalidad se agrava, se habla de 40 a 60 años de prisión y suspensión del doble de la penalidad que reciban, para ocupar cualquier cargo público, de existir la disponibilidad para aplicar la ley, sería un parteaguas, no sería llevar la ley a un caso extremo, sería simplemente aplicarla, aplicar su espíritu. 

La ciudadanía de Santa María del Río espera algún pronunciamiento de las autoridades locales, no dejar las cosas en el estado que se encuentran simplemente como que nada pasó, pareciera que las autoridades le apuestan al olvido y que pronto a la población se le olvidará que hay varios jóvenes desaparecidos, cuyas familias esperan saber de sus paraderos. 

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