Por: Adriana Ochoa
Una funcionaria estatal condiciona permisos y obra a transportistas turísticos al apoyo al partido del gobernador. Los sube al “proyecto transexenal” de Ricardo Gallardo Cardona. Es obvia y probadamente un delito electoral, pero a ni a la oposición ni a las autoridades electorales parece importarles.
Las campañas cierran y la hora de las urnas está a la vuelta de la esquina, con una victoria que se canta por anticipado, non grata, por cierto: el triunfo de la anomalía intencional sobre las leyes, las instituciones, la responsabilidad política y hasta de la capacidad de indignación de los ciudadanos.
Por este tiempo han pasado por normalidad democrática irregularidades de todo calado, desde la picaresca de nuestra política a las más hirsutas maniobras, cometidas con un desparpajo que parece suficiente para invisibilizarlas. Y nadie brinca, quizá porque todo mundo participa de este nuevo sistema sin posibilidad de controversia, ni la más pequeña.
La secretaria de Comunicaciones y Transporte del Gobierno del Estado, Araceli Martínez Acosta, se presentó ante transportistas turísticos de Real de Catorce, autollamados “wileros”, para decirles que no habrá permisos para sus unidades ni mejoras a la peligrosa ruta que ofrecen, si no “hacen equipo con el gobernador” porque el proyecto del titular del ejecutivo estatal Ricardo Gallardo Cardona, “es transexenal” y no admite victorias para “otros colores”.
Para esa reunión, se tomaron todas las previsiones y les recogieron los teléfonos a los transportistas que acudieron. Alguien los grabó y el audio prueba lo que esa reunión fue: un acto ilegal de presión política del Gobierno del Estado para que los transportistas hagan trabajo de proselitismo y voten por los candidatos del gobernador.
Lo dicho no tiene desperdicio. Los wileros ofrecen sus servicios a los turistas en vehículos “Willy” que datan de hace varias décadas. Y uno de estos recorridos, muy demandado por gente joven, es un detonador de adrenalina: el viajero que se precie de haber hecho ese paseo va en el techo del Willy, agarrado de la estructura para carga, por el viejo camino a Real, una ruta empedrada sobre una cuesta constante que bordea cerros entre voladeros, un puente viejísimo soportado sobre vigas, “El paso del Diablo” y un descenso que lleva por nombre “La cuesta de los arrepentidos”. Entre más riesgo de caerse, parece que más emoción.
La Ley de Transporte del Estado obliga a los transportistas de servicio público a operar vehículos con menos de una década de antigüedad. Los Willys exceden con mucho esa disposición, pues las hay de los años cincuenta y sesenta. El modelo del vehículo es parte del atractivo de este servicio para los turistas.
El viejo camino a Real, desde Estación Catorce, fue por dos siglos la única manera de llegar de llegar al pueblo. Es un empedrado para mulas y caballos. Los Willys son todoterreno y transitan sin problema, pero la ruta está cada vez en peor estado.
La titular de la SCT fue precisamente a picar en esos dos problemas: les ofreció la certeza jurídica de un permiso por encima de la norma de una década de antigüedad para los vehículos, algo que puede hacer porque la ley la faculta para “generar condiciones de movilidad” si se requiere. “Pues entonces yo genero las condiciones de movilidad”, les dijo, siempre y cuando los transportistas “hagan equipo con el proyecto de continuidad del gobernador”.
Y les informó la disposición del gobernador para invertir 60 millones de pesos en mejorar el camino antiguo al Real de Catorce para hacerlo más seguro, pero sólo si gana el candidato a presidente municipal por el partido Verde, Irving Michel Saucedo Cárdenas, porque el gobernador no invertirá “donde ya no es su proyecto”.
Martínez Acosta les dijo que “el gobernador es político y necesita que ganen todos sus gallos” y “no hay un solo candidato hoy del Verde que no sea del equipo del gobernador, él los eligió”.
Les explicó que “el gobernador necesita y quiere ganar todas las posiciones en todo el estado” con sus candidatos y que “no puede otro color sacar más votos que el Verde” en esta elección porque “ahí viene el 27” y “este proyecto es transexenal”.
Un regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí por el Verde, Gustavo Garay, también arengó a los transportistas a “aprovechar la oportunidad de hacer equipo con el gobernador” y a que “sean inteligentes” y apoyen al Verde en los comicios. Los wileros fueron obligados a portar una calcomanía del candidato a alcalde del Verde en sus Willys.
Una vez que se hizo público parte del audio de esa reunión, la secretaria Martínez no asomó las narices y la SCT envió un boletín negando lo dicho, como si no hubiera evidencia. Del gobierno cabía esperar la desfachatez, pero además avalada por el silencio de los partidos “de oposición”, nuestros ínclitos diputados de la Comisión de Transporte y, lo más importante, nuestras autoridades electorales, tanto organizadoras como fiscalizadoras.
Nuestras autoridades electorales han resultado también anómalas normalizadas. Ni siquiera a la hora de exigir los recursos que requerían para la organización de los comicios se han visto sólidas. Si no fuera por el INE que ha advertido en SLP los riesgos de presupuesto insuficiente, el Ceepac andaría extendiendo el pocillo en la calle para completar.
A tira y tirón, de Gobierno le han dado dinero, sí, pero a regañadientes, con una agresividad desconsiderada y pose de marido perdonavidas que se ofendió porque le piden el gasto. Puede que en los listados más pringosos de deudores alimentarios los haya con mejor actitud.
Lejos de plantarse, ahí tienen a un Ceepac cansino, desdentado, validando lo que le echen, como los cuatro candidatos a alcaldes, tres del gobernante Partido Verde, que se registraron como “mujeres” para burlar la equidad de género. La comunidad LGBTI+ alzó la voz, no así los partidos “de oposición” (el apellido les ha quedado muy grande), mucho menos los diputados.
Más los candidatos federales de Fuerza y Corazón por México, así como Movimiento Ciudadano, denunciaron una y otra vez la destrucción sistemática de propaganda. No se movió nada en las autoridades electorales para frenar esta actitud cavernaria e impositiva.
Militantes de los partidos gobernantes Morena y Verde protagonizan una riña campal en una cancha de la colonia 1° de Mayo, en Soledad, y no hay un solo detenido, por lo menos por alteración de la paz pública. Se dieron con todo. El dirigente nacional llamó a la unidad, a mantener el equipo para el triunfo que ya ven venir. Que hay que llevar en paz ese matrimonio forzado hasta las urnas, por el bien del resultado.
Trabajadores del Sistema Educativo Estatal Regular, de la Sedesore, de la Segam y otros cuentan que les han ordenado conseguir cinco personas comprometidas a votar por el Verde. Las mujeres llevan mejor la promoción por redes sociales de esta petición. Los mensajes vuelan reclutando aquí y allá por dinero, por despensas, por tarjetas de internet…
Hay una desprejuiciada política de ocupación de las instituciones del Estado, colocando al frente de ellas a militantes o a personas de estricta disciplina partidista y privando a tales instituciones de siquiera la apariencia de neutralidad. Y a nadie parece importarle.
Victoria de los gobernantes por incomparecencia, vengan como vengan las urnas.
