En pleno año de pandemia se dispara en México el envío de personas a la cárcel sin sentencia. Es el mayor crecimiento en ingresos de los últimos 10 años.
En 2020 la cifra de personas que ingresan a cárceles crece a niveles récord en México. En tan solo 10 meses, con todo y pandemia sanitaria, el número de reos se ha elevado en 13 mil 840 internos respecto a los que había al arranque del año. Y con ello la sobrepoblación se ha agravado: más del 40% de los penales ya registran condiciones de hacinamiento.
Este disparo en la población penitenciaria, el mayor de la última década y que revierte una tendencia a la baja que se había logrado tras la reforma al sistema penal, no es resultado de un mayor número de sentencias condenatorias sino del creciente encarcelamiento de personas de manera “preventiva”. Es decir: personas detenidas, pero sin sentencia.
Datos oficiales del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) confirman que mientras en diciembre de 2019 el 37% de todos los internos eran personas en prisión preventiva, para octubre de 2020 el porcentaje ya ascendía a 42%. En total 90 mil personas recluidas sin condena.
“Es gravísimo, lamentable y absolutamente vergonzoso que sobre todo en el año de la pandemia, cuando incluso países como Irán, Afganistán o Turquía redujeron su población penitenciaria hasta un 30%, aquí ha pasado lo contrario. Además, se han reducido los presupuestos para las cárceles y si ya antes había problemas ahora se ha exacerbado”, señala la antropóloga e investigadora experta en sistema penitenciario, Elena Azaola.
El incremento se concentra, de acuerdo con la estadística oficial, en la población detenida por delitos del fuero común (robos, extorsiones, homicidios, etcétera), por lo que las cárceles locales registran los mayores incrementos. Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León presentan, en términos absolutos, el mayor crecimiento en ingresos a sus reclusorios, aunque en general la población penitenciaria ha ascendido en 28 de los 32 estados.
El incremento de delitos de prisión preventiva automática impulsado por el actual gobierno federal es una de las razones detrás de esta alza, pero no es la única, señala Alejandro Jiménez Padilla, abogado penalista y coordinador de la Clínica de Defensa Penal Pública de la Universidad Iberoamericana. A ello se suma el abandono de las unidades responsables de diseñar medidas alternas a la prisión y, sobretodo, la predilección de las fiscalías por encarcelar a personas para crear la apariencia de que se hace justicia efectiva.
Es un encarcelamiento de personas legalmente inocentes, dice Jiménez, que en muchos casos es tolerado y celebrado por la misma sociedad.
Antes de 2020, el mayor ascenso se había registrado en 2011, cuando el número de internos se elevó en 11 mil 916 personas. Al año siguiente, el total de internos creció en 8 mil 146 internos y para 2013 se volvió a elevar con 7 mil 245 más.
En 2014, la cifra de reos mantuvo un comportamiento al alza con 9 mil 304 ingresos más que al cierre del año anterior. Pero a partir de 2015 inició una tendencia de decremento que año con año se mantuvo hasta 2018, y que significó una reducción de 57 mil 650 reos en todo ese periodo.
Al menos 4 de cada 10 personas presas está privada de su libertad sin que haya constancia real de que cometieron un delito.
En cambio, la cifra de personas en prisión que sí se probó que cometieron un delito con una sentencia condenatoria no solo no ha crecido, sino que incluso se redujo. Pasaron de 125 mil 649 en diciembre de 2019 a 124 mil 773 en octubre de 2020. Casi mil internos menos.
