VILLA DE REYES, S. L. P. – Salió a la luz pública que una de las principales beneficiadas con la llegada de una sucursal “mini” de la cadena comercial Walmart, será la regidora Belinda Peña Mujica y su esposo, el ex alcalde Javier Salazar Mendoza, pues el local donde será instalada dicha sucursal es de ellos y, según el contrato signado, cobraran 50 mil pesos de renta, más IVA.
Con la idea puesta en obtener un pago de renta por esa cantidad, dejó de lado los intereses de la ciudadanía, principalmente de los pequeños comerciantes, pues estos serán los más afectados, además vendieron la noticia de la instalación de una sucursal de Walmart como si se tratara de la puerta de entrada al primer mundo. No dijeron a la gente que se trata de solo una pequeña sucursal.
Se trata de una pequeña sucursal, como las decenas diseminadas por todas las colonias y barrios populares en la capital potosina. Es la costumbre que tienen las autoridades de potencializar las supuestas bondades de la instalación de un negocio que afectara a los comerciantes locales, porque tampoco habrá creación de empleos. No más de diez se van a crear y con sueldos nada atractivos.
La regidora ha tenido una participación muy opaca en su trabajo en el cuerpo edilicio, pues, se señala que solo vota a favor de lo que propone la alcaldesa y bien, lo que ella misma propone.
No se debe olvidar que Ma. Belinda, así como Erika Briones, la síndica Ma. Guadalupe Martínez Anguiano y los regidores Roberto Rocha Rivas y José Carmelo Cipriano López, fueron acusados de desacato por no proporcionarles oficinas a las regidoras María Consuelo Zavala González (PRI), Alma Graciela Segura Hernández (PCP) y al regidor Carlos Gerardo Espinoza Jaime (PRI).
Luego les fue confirmado el desacato y multado con 100 UDIS (ocho mil 688 pesos), cada uno.
La presidenta con licencia, Erika Briones, declaró en los medios que los regidores inconformes pretendían “oficinas de lujo”, luego de que el Tribunal confirmó el desacato, el cual se produjo de que en un inicio se las asignaron en un silo y enseguida en la llamada “Casa del Campesino”, inmueble fue catalogado en ruinas por la fedataria Magdalena Sofía Foyo Mancilla.
