– Las muertes del mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, y del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en Biddeford, Maine, han puesto bajo escrutinio las políticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sobre el uso de la fuerza, las tácticas de desescalada y la identificación de sus agentes durante operativos de detención.
De acuerdo con información de El País, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que los agentes migratorios reciben capacitación continua para utilizar la fuerza mínima necesaria y recurrir a tácticas de desescalada, pero los procedimientos en los que murieron Salgado, de 52 años, y Durán presentan elementos que cuestionan el cumplimiento de esas directrices.
Salgado murió el 7 de julio en Houston después de recibir un disparo durante un operativo migratorio. El ICE no ha revelado la identidad de los agentes que participaron en la intervención. Los testimonios disponibles provienen de tres pasajeros que viajaban en la camioneta, incluido Víctor Salgado, hermano de la víctima, además de información proporcionada por la congresista de Texas Sylvia García.
Los tres testigos señalaron que, después de que la camioneta se detuvo en una calle de Houston, uno de los agentes corrió desde la parte trasera hacia la ventana del copiloto, gritó “alto” y casi inmediatamente realizó el disparo que alcanzó a Lorenzo Salgado.
El DHS sostuvo que el agente accionó su arma debido a un presunto intento de embestida contra los funcionarios con la camioneta. Sin embargo, los tres pasajeros rechazaron esa versión y aseguraron que no había vehículos ni agentes del ICE frente al automóvil de Salgado cuando ocurrió el disparo, debido a que la persecución ya había terminado y el vehículo se encontraba detenido.
En el caso de Salgado, el propio DHS reconoció que el mexicano no era la persona que buscaban los agentes durante el operativo. Los funcionarios tampoco han precisado que alguno de ellos haya resultado lesionado durante la intervención. El FBI investiga, además, si algún agente fue agredido durante los hechos.
El segundo caso ocurrió el 13 de julio en Biddeford, Maine, donde murió el colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero. Según el DHS, los agentes buscaban a un migrante con una orden de deportación cuando un individuo salió de una residencia en un vehículo e intentó escapar. La dependencia afirmó que un agente disparó al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública.
Vecinos de Biddeford ofrecieron una versión distinta y señalaron que el conductor ya había resultado herido cuando los agentes comenzaron a perseguir el vehículo, que posteriormente dio varias vueltas fuera de control. Algunos testigos observaron sangre en la cabeza del conductor. La gobernadora de Maine, Janet Mills, confirmó que Durán no era la persona que buscaban los agentes.
Las políticas del ICE establecen que los agentes pueden emplear la fuerza únicamente cuando no exista una alternativa razonablemente eficaz, segura y viable, y señalan que el nivel de fuerza utilizado debe ser objetivamente razonable de acuerdo con los hechos y circunstancias que enfrente el funcionario.
Las mismas directrices indican que, siempre que sea posible, los agentes deben recurrir a tácticas de desescalada destinadas a estabilizar, ralentizar o reducir la intensidad de una situación potencialmente violenta, antes de utilizar la fuerza física o mediante el empleo de un nivel menor de fuerza.
En ninguno de los dos casos, de acuerdo con la información disponible, los agentes intercambiaron palabras con las personas perseguidas antes de los disparos. El DHS ha defendido que los funcionarios actuaron ante el temor de ser embestidos por los conductores, pero hasta ahora no ha informado de lesiones sufridas por los agentes involucrados en ninguno de los dos operativos.
Otro elemento bajo cuestionamiento es la ausencia de cámaras corporales o instaladas en los vehículos utilizados durante ambas operaciones. Las investigaciones avanzan sin contar con esas imágenes, pese a que el DHS se comprometió a equipar con estos dispositivos a sus agentes después de las muertes de los estadounidenses Renée Good y Alex Pretti, ocurridas en enero por disparos de agentes federales.
El DHS informó que las cámaras han sido entregadas a más de la mitad de sus oficinas de campo y que el resto de las dependencias deberán contar con estos dispositivos en septiembre. La falta de grabaciones en los casos de Salgado y Durán ha dejado a los investigadores principalmente con testimonios y otras evidencias para reconstruir los hechos.
También existen cuestionamientos sobre la identificación de los funcionarios. El ICE sostiene que sus agentes se identifican claramente durante las operaciones, pero los vehículos utilizados en las persecuciones de Houston y Biddeford no tenían logotipos visibles que permitieran reconocerlos como unidades de las agencias federales.
Víctor Salgado, de acuerdo con lo relatado por su abogada Ruby L. Powers, supo que los agentes que los perseguían pertenecían al ICE después de que su hermano había sido baleado. Mientras era sacado de la camioneta y detenido, pudo identificar a uno de los funcionarios como integrante de la agencia.
En medio del operativo, Lorenzo Salgado permanecía herido y sangrando en el suelo mientras su hermano pedía a los agentes que solicitaran asistencia para atenderlo. El mexicano murió posteriormente como consecuencia del disparo recibido durante la intervención.
Las familias de Salgado y Durán han solicitado que los hechos sean sometidos a investigaciones independientes. En Houston, la Oficina de la Fiscalía de Distrito del condado de Harris, encargada de investigar la muerte de Salgado, advirtió que podría tener que demandar a las agencias federales de inmigración para acceder a toda la evidencia disponible.
El fiscal del condado de Harris, Sean Teare, señaló que la investigación ha avanzado gracias a evidencia y testimonios proporcionados por ciudadanos, pero persisten dificultades para obtener información de las autoridades federales.
En el caso de Salgado, familiares y organizaciones también han pedido que los testigos que presenciaron su muerte puedan continuar sus procesos migratorios fuera de un centro de detención y sin riesgo de deportación, con el objetivo de que puedan participar en las investigaciones.
Las autoridades no han presentado resultados preliminares de las investigaciones sobre las muertes de Salgado y Durán. Los casos mantienen bajo revisión la actuación de los agentes migratorios y el cumplimiento de las propias normas del ICE sobre identificación, desescalada y uso proporcional de la fuerza.
