El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue detenido por elementos federales en Ensenada como parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles, delincuencia organizada y huachicol fiscal. La captura ocurrió tras la ejecución de una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
La FGR informó que la investigación deriva de un caso de alta complejidad relacionado con operaciones de contrabando de combustible atribuidas a una empresa fundada por el exmandatario panista. De acuerdo con las autoridades, las indagatorias apuntan a la compañía Ingemar S.A. de C.V., dedicada al sector energético, la cual presuntamente estaría vinculada con una red de importación y comercialización irregular de hidrocarburos, además de evasión fiscal.
Según la Fiscalía, la empresa ha sido relacionada con diversos aseguramientos de combustible y ferrotanques realizados desde 2025, considerados entre los decomisos más relevantes en el combate al tráfico ilegal de hidrocarburos. No obstante, hasta el momento las autoridades no han detallado cuál habría sido la participación específica de Ruffo dentro de la presunta organización ni han informado si existen más personas detenidas derivadas de este expediente.
Ernesto Ruffo Appel nació el 25 de junio de 1952 en San Diego, California, y es una de las figuras más representativas de la historia política reciente de México. En 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en derrotar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en una elección estatal, al ganar la gubernatura de Baja California bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), cargo que desempeñó entre 1989 y 1995.
Su triunfo marcó el inicio de la alternancia política en las entidades federativas y abrió el camino para que otros gobiernos estatales fueran encabezados por partidos distintos al PRI. Posteriormente fue senador de la República y diputado federal, además de desarrollar actividades empresariales, principalmente en el sector energético.
Tras su detención, Ruffo fue trasladado a la Ciudad de México, donde permanece bajo resguardo de la FEMDO mientras se integran los documentos que serán presentados durante la audiencia inicial ante un juez federal. De acuerdo con reportes de Reforma, personal ministerial ingresó numerosas cajas con expedientes a las instalaciones de la fiscalía especializada como parte de la preparación del caso. Entre la documentación se encuentran carpetas con referencias al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), instituciones bancarias, identificaciones oficiales, documentos con el logotipo de Ingemar y el Informe Policial Homologado (IPH), que forma parte de la carpeta de investigación.
Las autoridades también realizaron la certificación médica del exgobernador y los trámites ministeriales correspondientes antes de ponerlo a disposición del Poder Judicial. Durante ese periodo, Ruffo tuvo contacto con sus abogados defensores, quienes participarán en las diligencias de la audiencia inicial.
La orden de aprehensión emitida por un juez federal no solo alcanza a Ruffo Appel, sino también a otras 24 personas señaladas por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la Ley de Hidrocarburos. La hipótesis de la FGR sostiene que, mediante Ingemar y otros participantes, se habrían importado combustibles desde Estados Unidos para comercializarlos en México de manera irregular, evitando el pago de impuestos correspondientes.
El exgobernador ha reconocido públicamente ser accionista de Ingemar; sin embargo, existen versiones distintas sobre el porcentaje de participación que mantiene en la empresa y sobre las funciones que desempeñaba dentro de la misma.
La audiencia inicial se celebrará en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. Durante esa diligencia, el Ministerio Público formulará la imputación y expondrá los datos de prueba que sustentan la investigación, mientras que la defensa podrá controvertir las acusaciones, solicitar la duplicidad del plazo constitucional o presentar argumentos para evitar la vinculación a proceso.
La jueza encargada del caso deberá resolver la legalidad de la detención, la formulación de la imputación, una posible vinculación a proceso, las medidas cautelares y el plazo para el desarrollo de la investigación complementaria. Hasta el momento no existe confirmación de que Ruffo vaya a ser internado en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1, conocido como El Altiplano, ya que su traslado está previsto únicamente al complejo judicial donde se llevará a cabo la audiencia.
La FGR mantiene abierta la investigación y, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia, Ernesto Ruffo Appel deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por un tribunal competente.
