COLUMNA AL FILO DE LA NAVAJA
La ejecución de un hombre en el ejido Antiguo Tamuín volvió a recordar que la violencia sigue presente en regiones donde los grupos criminales mantienen capacidad para actuar con rapidez y escapar antes de la llegada de las corporaciones. Un ataque directo, a plena luz del día, dentro de un domicilio y con varios hombres armados como protagonistas no parece obra de la delincuencia común. Es un mensaje que, por ahora, solo conocen quienes participaron en él y quienes deberán investigarlo. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado anunció uno de los aseguramientos más relevantes de las últimas semanas en Villa de Reyes. Lo que aparentemente funcionaba como un taller mecánico terminó convirtiéndose en un hallazgo que incluyó armas largas, cargadores, equipo táctico, artefactos explosivos, “ponchallantas” y varios vehículos bajo investigación. No es un decomiso menor. Encontrar explosivos dentro de un inmueble obliga a preguntarse cuánto tiempo llevaba operando ese sitio y si realmente nadie había detectado movimientos irregulares. La eficacia del cateo merece reconocimiento, pero también deja abierta una interrogante inevitable: ¿cuántos inmuebles similares permanecen activos sin ser descubiertos? Precisamente por ello cobra relevancia el reforzamiento de la vigilancia en los límites entre San Luis Potosí y Guanajuato. La coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército y las autoridades guanajuatenses refleja que ambos estados entienden que la delincuencia organizada no reconoce fronteras administrativas. Los llamados “operativos espejo”, los sobrevuelos y el intercambio de inteligencia representan una estrategia correcta. La verdadera prueba será medir si esa presencia permanente logra disminuir homicidios, robo de vehículos, tráfico de armas y movimiento de grupos criminales. La seguridad no se evalúa por el número de patrullas desplegadas, sino por los delitos que dejan de cometerse. Pero la agenda pública también quedó marcada por otro tema completamente distinto: la detención de la abogada y defensora de derechos humanos Celia García Valdivieso. Las imágenes difundidas en redes sociales generaron una discusión que ninguna autoridad debería minimizar. Más allá del motivo de la detención, la participación de varios policías hombres en el aseguramiento de una mujer, así como las denuncias sobre la presunta falta de acceso inmediato a familiares y abogados, obligan a una explicación institucional. Cuando se trata de una defensora de derechos humanos, el escrutinio público aumenta y con razón. Si la actuación policial fue correcta, corresponde demostrarlo con evidencia y protocolos. Si existieron irregularidades, también corresponde investigarlas. El silencio institucional rara vez ayuda a disipar las dudas. Otro episodio que exhibe los límites legales de la actuación gubernamental es el caso del presunto maltrato animal en Fracción Milpillas. La autoridad municipal asegura haber actuado desde junio, pero la ley le impidió ingresar a una propiedad privada sin autorización ministerial. Aquí aparece un debate que tarde o temprano tendrá que darse: ¿los mecanismos legales actuales permiten actuar con suficiente rapidez cuando existe la sospecha de que animales pueden encontrarse en riesgo? La protección de los derechos también implica encontrar un equilibrio entre las garantías constitucionales y la atención inmediata de situaciones de crueldad. En conjunto, los hechos de la semana muestran dos caras del mismo Estado. Por un lado, existen instituciones capaces de ejecutar cateos relevantes, coordinar operativos interestatales y abrir investigaciones complejas. Por otro, persisten cuestionamientos sobre protocolos policiales, tiempos de respuesta y limitaciones jurídicas que alimentan la percepción de incertidumbre. La ciudadanía espera resultados, pero también exige transparencia. Los aseguramientos espectaculares fortalecen la confianza únicamente cuando derivan en procesos sólidos y sentencias. Las detenciones delicadas requieren información clara para evitar que la duda sustituya a los hechos. Y los homicidios, como el ocurrido en Tamuín, dejan de ser simples estadísticas cuando los responsables permanecen impunes. Al final, la seguridad no se construye únicamente con patrullajes o decomisos. También depende de instituciones creíbles, investigaciones eficaces y autoridades dispuestas a rendir cuentas. Ese sigue siendo el reto más importante para San Luis Potosí. Por una falta administrativa menor, la prepotencia y falta de preparación, desconocimiento de las leyes y la socarrona complicidad de sus superiores, agentes de la Policía Municipal de Rioverde, fue puesta al escrutinio público, tras un comportamiento que debería darles vergüenza, a ellos y hasta a sus jefes, que los toleran y justifican. Se trata de un hecho que parecía insignificante; una menor de edad que tripulaba una motocicleta y no portaba casco, los uniformados, celosos del cumplimiento de su deber fuero tras ella, la menor asustada se fue a refugiar a su casa, donde salió su mamá a tratar de auxiliarla, la mujer fue maltratada, insultada, igual que la menor, al final, a las dos las subieron a la patrulla y, a la mamá la pusieron a disposición del juez de justicia cívica o sea el juez de barandilla y a la niña solo la hicieron presente. Cabe señalar que uno de los uniformados, el que se comportaba como gorila y era el más agresivo, fue atacado por un perro, el cual le tiró varias tarascadas, pero ninguna le dio, el tipo corrió para ponerse a salvo. Como los agentes sintieron que su integridad física estaba en riesgo, pidieron refuerzos y hasta en camiseta, tal vez sacaron de la cama a los policías que habían terminado el turno, para poder llevarse a una madre de familia y a una niña. El jefe de esos gorilas con uniforme en lugar de sentirse apenado por lo sucedido, lo minimizó y justificó la remisión de madre e hija, porque fueron atacados hasta por un perro. ¡Pobre gente de Rioverde!. Para que se dé cuenta la gente el modelo de seguridad y compromiso que tienen los agentes adscritos a las diferentes dependencias, vamos a comentar lo sucedido el jueves pasado. Un hombre, trabajador, se dirigía a sus labores diarias y vio que un hombre de edad avanzada bajaba de un taxi, pero evidentemente desorientado, se acercó para ver si podía ayudarlo. Efectivamente el hombre estaba desorientado; no sabía quién era, donde vivía y no traía dinero, al parecer el taxista creyó que era pasaje y se detuvo para llevarlo y tan solo avanzó unos metros y se dio cuenta de la realidad, lo bajó y lo dejó abandonado a su suerte. El hombre que vio la escena se acercó a prestar ayuda al desconocido y se dio cuenta de la situación de inmediato. Llamó al 911 de Atención a Emergencias, reportó la situación y respondieron que enseguida estaría ahí el apoyo. Apoyo que nunca llegó y, como tenía que ir a su trabajo, con dolor de su corazón dejó ahí al desconocido. Subió la foto del adulto mayor a redes sociales y solo unos minutos después apareció la familia. Resulta que el adulto mayor tiene ficha de búsqueda de persona no localizada. Desde ese momento se hizo viral la foto del hombre y muchos cibernautas comenzaron a pasar datos de donde lo habían visto. Lo que realmente indigna es el trato que a este tipo de asuntos merece por parte de las autoridades. Pero no pregunten al señor bonachón, porque para todo tiene justificaciones, en serio, para eso es todo un experto, menor para ponerse a trabajar en serio, él sigue en su mundo de fantasía, en su San Luis-Disneylandia.
