VILLA DE REYES. — A partir del próximo 13 de octubre, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) podrá tomar las medidas correspondientes contra los municipios que no hayan cumplido con la nueva normativa que establece un salario mínimo mensual de 14 mil pesos para los elementos de las policías municipales.
La titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Nohemí Proal Huerta, informó que actualmente se lleva a cabo un proceso de recopilación y revisión de información correspondiente a los 59 municipios de San Luis Potosí, con el propósito de conocer cuáles ayuntamientos han realizado las modificaciones necesarias para dar cumplimiento a la disposición.
Explicó que, hasta el momento, 25 municipios han reportado modificaciones en sus nóminas para ajustarse a la nueva normativa. Sin embargo, aclaró que el proceso de revisión continúa y concluirá el próximo 13 de octubre, fecha en la que se contará con la información definitiva que será entregada al IFSE.
Proal Huerta señaló que antes de la entrada en vigor de esta disposición ya había municipios que otorgaban a sus policías salarios superiores al monto establecido. No obstante, algunos de ellos no habían remitido al CESP la documentación que acreditara dicha situación.
Ante ello, los ayuntamientos que ya cumplían con el monto salarial comenzaron a entregar la información correspondiente, incluyendo documentación y comprobantes de nómina que permiten verificar los salarios otorgados a sus elementos de seguridad.
La funcionaria indicó que el CESP mantiene comunicación constante con el IFSE y existe el compromiso de entregar un listado final a mediados de octubre. Con base en esta información, el organismo fiscalizador podrá determinar las acciones que correspondan contra aquellos ayuntamientos que no hayan cumplido con la normativa dentro del plazo establecido.
De esta manera, será después del cierre de la revisión cuando se conozca con precisión qué municipios cumplieron con la disposición y cuáles podrían enfrentar medidas de apremio por parte de la autoridad fiscalizadora.
