La polémica reforma que aún debe pasar el Senado ya ha descargado choques de incertidumbre por priorizar a toda costa a la empresa eléctrica del Estado
La Cámara mexicana de Diputados aprobó este martes la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para privilegiar a la pública Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de generadores privados, sobre todo de renovables.
Estas son las claves de la polémica reforma que aún debe pasar el Senado, pero que ya ha descargado choques de incertidumbre por priorizar a toda costa a la empresa eléctrica del Estado.
El principal impacto es eliminar el criterio económico en el despacho de la electricidad a cargo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el operador del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Sin importar cuál sea más barata, el Cenace deberá despachar primero la energía generada en las hidroeléctricas de la CFE, después la de combustibles fósiles y otras fuentes de la compañía del Estado, luego la eólica y solar de generadores privados, y al final las de ciclo combinado de particulares.
El presidente consideró que el actual sistema de despacho, creado por la reforma energética de 2013 que abrió el sector a la inversión privada, “es uno de los grandes mecanismos destinados a establecer grandes privilegios a la generación privada, con grave perjuicio a la CFE”.
La iniciativa pide “revisar la legalidad y rentabilidad” de los contratos de generación y compraventa del Gobierno federal con productores independientes de energía.
También “obliga” a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un órgano autónomo, a revocar los permisos de autoabastecimiento obtenidos “mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley”.
Asimismo, demanda que los futuros permisos de generación “se encuentren sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía (Sener)”, lo que implica subyugarlos a la voluntad del Gobierno.
La nueva legislación modificará las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL), un instrumento financiero creado por la reforma energética de 2013 para promover la instalación de nuevas plantas renovables.
La propuesta ordena que “el otorgamiento de CEL no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas”, lo que significa que plantas viejas de la CFE puedan acceder a los certificados, que perderían su valor de mercado.
Esto implicaría que México incumpla su compromiso en el Acuerdo de París de generar 35% de la electricidad con energías limpias para 2024, estimó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La bancada oficialista del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha defendido la iniciativa con un reporte del Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso que estima un aumento de hasta 135,558 millones de pesos (cerca de USD 6,777 millones) en las utilidades de CFE.
Pero el CEFP también advierte que están en riesgo más de 451,000 millones de pesos (unos USD 22,550 millones) invertidos en 105 proyectos privados de generación de energías renovables.
Además, el análisis considera que 28 empresas con un conjunto de USD 8,904 millones en inversiones estarían en posición de exigir indemnizaciones.
Un estudio de la asociación México Evalúa estimó un aumento de entre USD 1,350 y USD 2,750 millones del costo anual de producción porque las renovables cuestan entre USD 26 y USD 54 por megavatio hora (MWh), mientras la electricidad con carbón cuesta entre USD 65 y USD 169 por MWh.
