Si se aprueba la iniciativa “anticonstitucional”, los efectos podrían ser catastróficos en el corto y mediano plazo, aseguraron especialistas.
En la última semana se generó una nueva polémica en torno a la política energética de la administración de Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión, el mandatario envió al Congreso mexicano una iniciativa preferente que busca reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa productiva del estado, por encima de energías limpias y empresas privadas.
Esta situación ha originado un sinnúmero de críticas y reproches en los diferentes sectores económicos, políticos y sociales de México, además de una gran preocupación por parte de los mayores socios comerciales del país. Organismos comerciales y especialistas en el tema han alertado que de aprobarse esta propuesta, los efectos podrían ser catastróficos en el corto y mediano plazo.
Recientemente, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, uno de los grupos de presión más importantes del país, advirtió que la iniciativa podría restaurar el monopolio de la CFE, elevaría significativamente el costo de la electricidad, limitaría el acceso a energía limpia para los mexicanos y violaría los diferentes acuerdos comerciales que México está obligado a cumplir.
En entrevista con Víctor Ramírez, Vocero de la Plataforma México, Clima y Energía, coincidió con las advertencias del organismo; no obstante, aclaró que este incremento en el costo de la electricidad no se vería reflejado en los recibos de luz domiciliarios, puesto que el Estado mexicano continuaría subsidiando este aumento; sin embargo, sí impactaría en aquellos comercios e industrias que no tienen subsidio (manufactura, construcción, hospedaje, etc.), lo que al final provocaría que todos los productos y servicios se encarezcan.
Cabe recordar que el marco jurídico vigente —producto de la reforma de 2013— busca que en el sistema eléctrico nacional participen empresas privadas y la CFE bajo la conducción del estado, a fin de reducir costos y elevar la productividad y eficiencia del sistema eléctrico, disminuyendo así las tarifas eléctricas.
“Esta iniciativa lo que busca es que los generadores de CFE tengan predilección no por ser más baratos como dice actualmente la Constitución, sino por ser una empresa del Estado, ¿esto qué significaría? que hay generadores que están obedeciendo a la libre concurrencia y por CFE están en una relación anticompetitiva, contrario a lo que dice la Constitución”, señaló Ramírez.
“No es necesaria esta iniciativa y es contraproducente: no va a mejorar el estado de finanzas públicas, al contrario, tendería a empeorarlas, tampoco va a mejorar el desempeño económico y lo único que va a hacer es alimentar un espíritu patriota, pero sin ningún beneficio para el mexicano. Están rescatando la visión cardenista, pero estamos en otro mundo y ya las cosas son muy distintas”, sostuvo el experto en el sector energético.
Cabe destacar que al ser una iniciativa preferente, los diputados deberán tramitar la iniciativa en un plazo máximo de 31 días naturales. Si al término de este plazo no se hubiera discutido ni votado, entonces deberá ser el primer asunto en abordarse en la siguiente sesión del Pleno. De ser aprobada, será turnada al Senado, que deberá procesarla en otros 31 días.